21/05/2025 - A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei profundizó su ofensiva contra el derecho de huelga, extendiendo drásticamente la lista de actividades consideradas “esenciales” o “de importancia trascendental”, e imponiendo niveles mínimos de prestación del servicio durante los paros: 75% en servicios esenciales y 50% en actividades trascendentales .

La norma fue presentada oficialmente como parte de un régimen de excepción para la Marina Mercante, pero incluye modificaciones sustanciales en el artículo 3º del régimen laboral establecido por la Ley 25.877, que modifica aspectos clave de los convenios colectivos de trabajo. Este cambio permite al Poder Ejecutivo redefinir arbitrariamente cuándo se puede hacer huelga y bajo qué condiciones, afectando directamente uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional Argentina y en tratados internacionales ratificados por el país.

Según el decreto, se consideran servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Sin embargo, la nueva lista abarca sectores mucho más amplios:

- Salud y farmacias
- Energía eléctrica, agua potable, gas y combustibles
- Telecomunicaciones y servicios digitales
- Transporte aéreo, marítimo y fluvial
- Servicios aduaneros y migratorios
- Educación primaria y secundaria
- Servicios portuarios

Además, se incorpora una nueva categoría: las actividades de importancia trascendental , cuya definición resulta aún más ambigua. En ellas deberán mantenerse al menos el 50% de los servicios durante una huelga. Entre ellas figuran:

- Industria alimenticia
- Transporte terrestre
- Servicios de radio y televisión
- Industria pesada (siderurgia, química, cementera)
- Logística, minería, agropecuaria y comercio electrónico
- Servicios financieros y turísticos
- Producción vinculada a exportaciones

Esta clasificación ampliada generó críticas inmediatas por parte de especialistas en derecho laboral, gremios y organismos internacionales.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, señaló que esta medida "vuelve a vulnerar principios elementales del derecho laboral internacional". Recordó que el anterior DNU (el 70/23) había sido declarado inconstitucional por tribunales laborales porteños, y advirtió que este nuevo decreto corre la misma suerte.

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