El resonante caso de la sentencia post-mortem al Senador Martínez llevó a dos ciudadanos de Ushuaia a organizar una colecta de fondos para colaborar en el pago de la demanda.
22/05/2012 - Dos ciudadanos de nuestra ciudad tomaron la iniciativa de realizar una colecta pública para ayudar a la familia del fallecido Senador Martínez a afrontar la demanda judicial en su contra conocida la semana pasada.
El caso tomó una gran relevancia ya que la causa había sido iniciada hace más de diez, años cuando el por entonces Legislador José Martínez solicitó el juicio político al Fiscal de Estado Martínez de Sucre. El juicio político no prosperó, pero si lo hizo la causa por daños y perjuicios que el fiscal le inició al legislador por sus dichos públicos.
La semana pasada los jueces Gonzalo Sagástume y Javier Muchnik firmaron la sentencia que obliga a los familiares del Senador Martínez a hacerse cargo del pago de 50.000 pesos a Martínez de Sucre. La polémica no tardó en instalarse debido a que la resolución del caso fue visto como un burdo ataque a la libertad de expresión.
El artista plástico Eduardo Nicolai y el científico del C.A.D.I.C. Daniel Fernández tomaron la iniciativa y abrieron una cuenta en el Banco Galicia de Ushuaia para recibir donaciones de particulares e institucionales. Además organizarán una serie de eventos culturales que tendrán como fin recaudar fondos para colaborar en el pago de la demanda. En el caso de que la sentencia sea revertida, informaron que los fondos obtenidos serán destinados al servicio de neonatología del Hospital Regional Ushuaia.
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El 12 de abril de 1995 el obrero VÃctor Choque es alcanzado por una bala perdida en medio de las manifestaciones por el desalojo de la fábrica Continental. Fallece horas después en el Hospital Regional Ushuaia. Choque se convierte asà en el primer muerto por represión de protestas sociales desde el regreso de la Democracia.
Investigaciones posteriores determinaron que la bala provino del arma reglamentaria del oficial de policÃa Félix Polo, quien fue condenado a nueve años de prisión.
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